Posible anulación de la Zona de Bajas Emisiones de Madrid

El TSJ de Madrid anula parcialmente la Zona de Bajas Emisiones por falta de justificación económica

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJ) ha anulado en la Sentencia núm. 405/2024, de 17 de septiembre, parcialmente la Ordenanza de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Madrid, que regula la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). La decisión se basa en la falta de un análisis adecuado del impacto económico y la ausencia de alternativas menos restrictivas, lo que vulnera el principio de proporcionalidad.

A pesar de este revés judicial, el TSJ no ha anulado la ordenanza en su totalidad. Sin embargo, ha invalidado los artículos que establecen la delimitación y configuración de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en todo el municipio, así como las dos áreas de especial protección en Distrito Centro y Plaza Elíptica.

No es la primera vez que una medida similar enfrenta reveses judiciales. En 2020, "Madrid Central" fue anulado por errores en el trámite de información pública y deficiencias en el análisis presupuestario. Ahora, la nueva ordenanza aprobada en 2021, que sustituía a la anterior, ha sido impugnada por el grupo municipal de Vox, lo que llevó al TSJ a evaluar su legalidad.

Uno de los aspectos clave en la decisión judicial es la insuficiencia del informe de impacto económico. La sentencia subraya que no se evaluaron debidamente las consecuencias económicas de la restricción del tráfico para sectores afectados, como pequeños empresarios y autónomos. Además, señala que la prohibición de circulación para más de 300.000 vehículos no fue acompañada de un estudio detallado sobre los efectos de la medida en la movilidad y la actividad económica de la ciudad.

Otro de los puntos más críticos es la ausencia de un análisis sobre opciones menos restrictivas. Según el fallo, el Ayuntamiento de Madrid no exploró alternativas como restricciones progresivas, segmentación por zonas o la diferenciación de horarios para la aplicación de las limitaciones al tráfico. Esta falta de evaluación impide determinar si la medida es realmente necesaria y proporcionada.

Se subraya el principio de "transición justa", recogido en la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética, que exige considerar el impacto social y económico de las medidas medioambientales. En este sentido, el tribunal critica que la ordenanza no contemple planes de apoyo para los sectores más vulnerables, como ciudadanos con menos recursos y pequeñas empresas, que podrían verse más afectados por la necesidad de renovar sus vehículos.

El fallo no deroga la ordenanza en su totalidad, sino solo los preceptos que definen y delimitan la ZBE. Este caso recuerda lo ocurrido en Barcelona en 2023, cuando el Tribunal Supremo ratificó la anulación de su Zona de Bajas Emisiones, de 2022, por razones similares, al considerar que la medida no respetaba la proporcionalidad de la decisión al no estar suficientemente motivada y no valorar su impacto en la ciudadanía.

El Ayuntamiento de Madrid ya ha anunciado su intención de recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo. A la espera de la posible admisión del recurso de casación por parte del Tribunal Supremo, la sentencia plantea dudas sobre la futura aplicación de las restricciones a la circulación en Madrid y la necesidad de fundamentar mejor este tipo de normativas para evitar impugnaciones judiciales.

Sin embargo, si el fallo es confirmado, el consistorio deberá replantear la regulación de la ZBE, asegurando una mayor fundamentación y la inclusión de alternativas que minimicen su impacto en los sectores más afectados. Como ya ha sucedido en Barcelona, antes de la firmeza de la decisión de 2023 en la que se anulaba la normativa de 2022 el ayuntamiento aprobó una nueva ordenanza para evitar la retirada de las limitaciones.

Este caso subraya la necesidad de que las administraciones locales equilibren la protección del medio ambiente con la viabilidad económica y social de sus medidas, asegurando una justificación clara y detallada para evitar futuras impugnaciones judiciales.